
/:. Seguridad Ciudadana y Justicia
Descargar versión para imprimir (6.791Kb) 
La seguridad ciudadana y la justicia son esenciales para garantizar una cívica convivencia y el desarrollo social. Es responsabilidad fundamental del Estado la protección de los derechos de la sociedad y el respeto a las garantías constitucionales.
La seguridad se basa fundamentalmente en la prevención, orientada a disminuir las causas de los problemas que trasgreden el orden social.
La inseguridad es uno de los problemas más sentidos por la población y que más afecta su calidad de vida. Las desigualdades evitables y la injusticia social son condiciones que favorecen la violencia, dando origen a ciudadanos con un alto nivel de tensión permanente. Los ciudadanos son plenamente conscientes de la existencia de riesgos y exigen medidas de seguridad integrales ante diversos eventos (riesgos naturales u otros tipos de eventos) frente a los cuales el estado actúa débilmente.
Por otra parte, la comunidad demanda un sistema de justicia más accesible, ágil y eficiente que proteja todos sus derechos.
La pobreza priva de oportunidades a los individuos y compromete el futuro de las generaciones por venir.
Lineamientos
· Generar mayor seguridad, mediante el acceso a la educación en igualdad de oportunidades, fortaleciendo los vínculos familiares, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y promoviendo una sociedad organizada con responsabilidades compartidas entre el Estado y la ciudadanía.
· Trabajar por la seguridad ciudadana con parti-cipación multisectorial, dado que la complejidad de los problemas que afectan la seguridad exceden el marco de la institución policial.
· Fortalecer la Policía incentivando su profesionalidad, su integración social y su acción en el campo de la prevención.
· Garantizar la seguridad integral, jurídica, política y ciudadana, indispensables para lograr el bienestar de todos los habitantes de la Provincia del Neuquén.
· Contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial, bajo las premisas de independencia funcional e imparcialidad, propiciando una gestión judicial más ágil y eficiente a fin de suscitar en consecuencia, la confianza de los ciudadanos en la justicia.
· Trabajar para recuperar la confianza en las instituciones del estado, garantizando la provisión universal de bienes.